La mejora regulatoria es un concepto reciente en nuestra Carta Constitucional, aunque lleva cerca de 65 años vigente en la legislación secundaria, tratando de lograr metas algunas de las cuales todavía parecen inalcanzables. Esta aspiración ha obedecido a diferentes escenarios en donde los retos que enfrentó la administración pública estuvieron a la par de difíciles […]
(Artículos 25 y 73 constitucionales) La mejora regulatoria es una política de gobierno cuyos propósitos son la simplificación de regulaciones, trámites y servicios, según lo señala el párrafo décimo del artículo 25 de la Constitución Política, para lograr beneficios sociales con los menores costos posibles, mediante la formulación de reglas e incentivos legales que promuevan la
1. Escenario La reforma constitucional en materia de anticorrupción se suma al importante grupo de temas que la presente administración ha replanteado al texto de la Carta Magna, muchos de ellos hasta entonces inamovibles dentro del esquema de políticas de gobierno vigentes. Es, de hecho, el cambio más importante desde 1982 emprendido por gobierno alguno
(Artículos 25 y 26 constitucionales) El concepto obedece a la necesidad de comparar la capacidad de competir de las economías modernas. La competitividad adquiere relevancia en el mundo globalizado donde los países están abiertos a la competencia de sus socios comerciales y en general a las importaciones provenientes de cualquier latitud. Según aprecia Paul A. Samuelson, la competitividad es una cuestión de ventajas
(Artículos 74, 76, 108, 109, 110, 111, 112, 113 y 114 y 134 constitucionales) Este concepto puede definirse como el conjunto de disposiciones constitucionales y legales, relativas a las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, las cuales pueden ser de carácter civil, administrativo, político y penal. En nuestra Constitución, las responsabilidades de los servidores públicos se encuentran reguladas en el Título
(Artículos 26, 73, 90, 108, 115,122 y 123 constitucionales) De acuerdo con el autor Rafael de Pina Vara, la Administración Pública es “ el conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado, las entidades de la Federación, los municipios y los organismos descentralizados atienden a la satisfacción de las necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios públicos”. ((DE PINA VARA, Rafael. Diccionario de Derecho.
(Artículos 8º, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 constitucionales) Las garantías individuales pueden definirse como el reconocimiento y protección que otorga una constitución o documento fundamental de un Estado a los derechos humanos fundamentales de las personas, con el fin de evitar que los actos de las autoridades violen o vulneren tales derechos. De acuerdo con la obra Las Garantías de Seguridad Jurídica, editada por
(Artículos 40, 41, 42, 43, 45, 46, 73, 76, 103, 104, 105, 108, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 134 y 135 constitucionales) De acuerdo con el autor Miguel Carbonell, las entidades federativas “…son los estados miembros que integran parte del Estado Federal. En otros estados se les denomina provincias o países”. ((CARBONELL, Miguel. Diccionario de Derecho Constitucional. Editorial Porrúa, México, 2005. 2ª edición.)) En el caso de nuestro país, las entidades federativas son aquéllos estados libres y soberanos en
