(Artículo 26 constitucional) Es un órgano constitucional autónomo responsable de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones que mejoren esta política de gobierno. Debe coordinarse, en la forma que establezca la ley, con las autoridades federales, locales […]
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