Las instituciones de crédito tendrán un mayor plazo para constituir sus requerimientos de capital por riego operacional y deberán verificar con instrumentos biométricos la identidad de sus clientes y solicitantes. Es decir, se preparan para enfrentar la pronunciada baja de la actividad económica que ya está presente y reforzar la prevención y detección de conductas ilícitas por lavado de dinero.
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