Qué Hay de Nuevo
La prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita fueron el objeto de la ley publicada el 17 de octubre de 2012, próxima a cumplir ocho años de vigencia. En ella se plasma la experiencia obtenida durante las décadas previas a su expedición para hacerla parte central de una naciente política de gobierno.
En la exposición de motivos de esta ley se señala la necesidad de enfrentar los delitos que lastiman profundamente a la ciudadanía, generados por la delincuencia organizada, a través de la inmovilización de sus recursos económicos, cuya dimensión es ya creciente y de orden transfronterizo.
A esta política pública se han incorporado recientemente dos reformas constitucionales con el fin de darle permanencia a la lucha contra delitos como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el terrorismo. La primera de ellas es para evitar que sean participes de los procesos electorales y la otra, para hacerlos sujetos a la extinción de dominio.
La ley se compone de 65 artículos agrupados en ocho capítulos.((Disposiciones Preliminares, De las Autoridades, De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables, Del Uso de Efectivo y Metales, De las Visitas de Verificación, De la Reserva y Manejo de Información, De las Sanciones Administrativas, y De los Delitos)).
Estos artículos fueron reagrupados en base a una nuestra metodología que permite el mejor entendimiento del texto de la ley. Así es como en la gráfica siguiente se puede observar que el 74% de su articulado se congrega en ciertos instrumentos regulatorios (instrumentos generales), entre los cuales están los lineamientos de política (criterios para la aplicación de la ley), las atribuciones de la autoridad (Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Fiscalía General de la República), las obligaciones a que deben sujetarse tanto los reguladores como particulares y las sanciones aplicables.
Bajo esta nueva óptica la Ley puede calificarse como un texto orientador pero restrictivo.